En la gestión privada, correspondiente a una empresa o negocio, a los gestores se les exige resultados y una gestión de los recursos rigurosa, mientras que en la gestión política, referente a la gestión pública de los recursos, no existe esa rigurosidad, en especial pensando que dichos recursos provienen de los impuestos que pagamos todos.

En la empresa privada se tiene que justificar ante el propietario o propietarios, que son los que marcan las pautas y reglas, cada gasto e inversión que se realiza, mientras que en la gestión pública y política, los que gestionan los recursos ajenos son los que marcan las reglas, y no tienen que justificar ante los que proporcionan los recursos su utilización.

Expuesto esto, los gestores públicos y políticos deberían de justificar su gestión y utilización de los recursos, así como determinar su continuidad como se haría en una empresa privada.

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